Conoce el impuesto energético a las empresas en España

Si vives en España y te desenvuelves en el mundo empresarial, seguramente has escuchado sobre la importancia que tiene allí la fiscalidad. En ese caso, ¿Ya conoces el impuesto energético? ¿Sabes cuáles son las medidas tomadas por el Gobierno? A continuación, te contamos la situación actual en el país.

El impuesto energético a las empresas

Con motivo de controlar la crisis energética que se ha vivido en Europa desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, desde mediados de 2022 se habla de la aplicación de un nuevo gravamen extraordinario dirigido a las entidades energéticas que facturan más de 1.000 millones de euros anuales.

En este sentido, España contempla un impuesto temporal correspondiente al 1,2% sobre el total de los ingresos generados por las compañías energéticas; con una vigencia aplicable durante el año 2023 y 2024.

Es importante señalar que esta medida ya ha sido aplicada en otros destinos europeos como lo son Portugal, Francia o el Reino Unido; considerándose países comprometidos a una mejoría de ingresos y a hacer frente a la inflación para moderar esas ganancias extraordinarias que involucran el sector energético. 

Lo ideal es que el impuesto entre en vigor en el territorio español  para el 2023, sin embargo, dependiendo de los trámites de aprobación actual, la fecha podría verse afectada y retardar su inicio.

Tomando en cuenta que, se estima que este sector empresarial genera alrededor de 100.000 millones de euros anualmente, el Gobierno de España prevé que se logren recaudar 2.000 millones de euros por cada año aplicable de este tributo.

Se entiende que, el impuesto energético afectará directamente al grupo dominante de compañías. En el siguiente esquema te contamos cuáles son: 

Estas grandes empresas, por su parte, consideran que la decisión de un nuevo impuesto podría ser contraproducente,  afectando así en el impulso de energías renovables que requieren de inversiones millonarias para su despliegue.

Así mismo, reconocidas petroleras, eléctricas y gasistas españolas como Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy pudieran ser las principales empresas afectadas; tomando en cuenta su esquema de facturación anual.

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Situación España – Unión Europea

Como ya mencionamos, el impuesto energético que plantea España, impulsado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, hace énfasis en gravar a las empresas sobre sus ventas totales y no sobre los beneficios obtenidos; tal y como propone Bruselas.

En pocas palabras, tanto España como la Unión Europea comparten un mismo fin que involucra al sector energético; pidiendo a este un esfuerzo para minimizar la crisis que acarrea a toda Europa actualmente y evitando, de alguna manera, lo que puede ser considerado como un “sobre ingreso”.

La iniciativa por parte de España se encuentra en tramitación ante el Congreso de Diputados, pero deberá sufrir cambios y adaptarse al planteamiento general que apruebe la Unión Europea, alineando así un solo criterio de actuación en todas las naciones.

Con relación a este contraste de propuestas, a finales de septiembre de este 2022, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que España está dispuesta a ajustar el impuesto energético conforme a las medidas que se tomen por los 27 Estados por parte de la Unión Europea.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, plantea una propuesta de fiscalidad en la que se gravaría con un impuesto del 33% los beneficios extraordinarios de esas grandes empresas petroleras, de carbón y refinerías; siempre y cuando las ganancias hayan aumentado al menos un 20% sobre la medida de los beneficios de los tres años previos.

En consecuencia, al tomar esta medida, Bruselas prevé una recaudación de 140.000 millones de euros.

De tal manera, este nuevo gravamen deberá ser aprobado por los Estados miembros, por lo que es posible que puedan existir nuevas propuestas o alternativas al impuesto energético.

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Conclusión

Por los momentos, se define que el objetivo principal de la instauración de este nuevo impuesto por parte de la Comisión Europea es minimizar esos beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones energéticas que, en gran parte, se consideran el resultado de una crisis mundial, para poder recaudar fondos como medida de apoyo a los consumidores.

Además, el Ejecutivo ha hecho énfasis en que esta normativa tributaria no deberá repercutir en los precios finales destinados a los ciudadanos; razón por la cual se asigna a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la responsabilidad de vigilar este hecho y aplicar sanciones en caso de que las empresas no cumplan la ley.

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